El 05 de abril de 1992, hace 23 años, Alberto Fujimori hoy preso por corrupción y violación a los derechos humanos, daba el último golpe de Estado del siglo XX en el Perú. Tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tomaban el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y los recién constituidos gobiernos regionales, deteniendo el proceso de regionalización y descentralización.

Periodistas y políticos incómodos para el nuevo régimen eran perseguidos y apresados y los gremios de trabajadores eran víctimas de intervenciones militares.

El país cambió. Se puso en cuestión todo lo que suponía acción colectiva, desde los partidos políticos, hasta las expresiones culturales. Fujimori y sus operadores políticos desprestigiaron al funcionario público junto con todo lo que significaba la administración estatal. Según el informe de la Comisión Javier Diez Canseco, se calcula en 6 mil millones de dólares lo que la corrupción fujimorista le saqueó a los peruanos[1].

El “autogolpe” del 05 de abril de 1992, un plan cuidadosamente diseñado por Montesinos, Fujimori y las Fuerzas Armadas, no fue sino la instauración en el Gobierno de una bien organizada red de corrupción, su base ideológica: la falta de principios, el desprecio por los derechos humanos, la privatización sin control y sin la más mínima consideración por los sectores estratégicos del país. Su soporte: los medios de comunicación que se alquilaron al poder y varios pasquines creados por Montesinos (Diarios chicha).

El fujimorismo, que en la actualidad goza de apoyo en algún sector de la población, significó la irrupción de los “políticos” sin carrera (política) en la escena, a lo que dieron carácter de reivindicación del ejercicio ciudadano. Su discurso descalificador hacia los partidos políticos, justificó los atentados a la democracia y las instituciones del Estado.

Le debemos al fujimorismo los mecanismos que hasta hoy nos impiden fortalecer nuestro sistema democrático: el voto preferencial que atenta contra la unidad y consolidación de los partidos políticos y el incremento de la valla electoral que cierra el sistema a los partidos ya existentes. 

El 26, 27 y 28 de julio del año 2000, la Marcha de los Cuatro Suyos que congregó en las calles de Lima a más de 100 mil personas, entre trabajadores, desempleados, grupos de mujeres, grupos musicales, miles de estudiantes universitarios y hasta escolares secundarios, de todos los rincones de la patria, terminó con una transición que no significó realmente un cambio de las bases legales y económicas que impuso la dictadura. La transición fue un contrato social entre el fujimorismo, los grupos empresariales y la derecha, en los marcos del Consenso de Washington.

La izquierda tuvo actuación fundamental en las instituciones de la transición: Comisión de la Verdad, Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional, pero el liderazgo mediático absoluto lo tuvo la derecha con Alejandro Toledo a la cabeza.

El movimiento que se venía gestando en miles de marchas en todo el país, terminó siendo capitalizado por la derecha que creó artificialmente un liderazgo a fuerza de apariciones constantes en los medios de comunicación. No se pudo consolidar un liderazgo alternativo que naciera desde los movilizados.

Hubo intentos para cambiar la Constitución vigente, ya sea para retornar a la de 1979 o para la sanción de una nueva, aquí cabe recordar los esfuerzos de Henry Pease y Alberto Borea. Al final nada de ello se consolidó. El documento de 1993, impuesto por la dictadura, ratificado con un fraude y apócrifo[2], está camino a constituirse en la Constitución del Bicentenario. El fujimorismo debe estar sonriendo.

[1] http://www4.congreso.gob.pe/historico/ciccor/index1.html

[2] http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/27600-dec-15-2001.pdf